Medidas económicas en Diputados

Primer Round: Emergencia Agropecuaria

La primera sesión de Diputados Nacionales ha dejado un claro intento por parte del bloque oficialista de integrar en la discusión las necesidades del sector rural. La sanción de la Emergencia Agropecuaria da respiro en una puja que se agudiza y allana el camino a las futuras medidas que se piensan desde el gobierno.

Por Javier Sánchez.

jsanchez@aluviondigital.com

El pasado 5 de agosto sesionó por primera vez luego de las elecciones legislativas la Cámara de Diputados de la Nación. En medio de controversias y enormes expectativas por parte de todos los analistas del mundillo de la política se presento para tratamiento la Ley de Emergencia Agropecuaria.
El objetivo de la medida es simple: contribuir al reestablecimiento económico de las zonas afectadas por fenómenos extraordinarios de índole climático, telúricos, físicos y/o biológicos, cuando el daño provocado en la producción o capacidad de producción de las mismas dificulte la evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales
Durante la sesión, se destacó la importancia del consenso alcanzado en los días previos respecto del tema en cuestión. Aclaremos que la propuesta desarrollada por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto Cantero Gutiérrez, había contado con la participación de la mayoría de los bloques representados, lo que suponía el avance de la medida sin mayores trabas.
Así fue, y se logró consensuar la media sanción con el voto positivo de los 213 legisladores presentes.
Con la aprobación de la norma, el Ejecutivo destinará 500 millones de pesos para un fondo de crisis agraria. De esta manera, se busca superar los inconvenientes sufridos por la devastadora sequía sufrida meses atrás, y de la que “el campo” había hecho su caballito de batalla. De igual manera, se habilitó un período de gracia impositivo para los productores más afectados hasta que se recupere la cadena productiva. Esto implica exenciones impositivas de todo tipo en las cosechas durante casi un año para quienes demuestren necesitarlo.
De todas maneras, el tratamiento de la medida no fue en absoluta armonía como era de esperarse. El bloque radical, en su afán por consagrarse como el brazo político de la Mesa de Enlace, quiso desmerecer los esfuerzos puestos en consensuar una de las medidas más importantes desde el recordado conflicto con el agro. En definitiva, el bloque radical no pudo hacer de las suyas y terminó votando de manera positiva en general.
La norma aprobada establece que el fondo de 500 millones de pesos sea permanente. Esto significa que en caso de no ser necesaria la utilización de la totalidad del dinero destinado para salvaguardar la producción, el excedente pasa a un fondo consignado a aumentar ese presupuesto inicial para los periodos en que el monto aprobado resulte escaso.
De igual forma, se creará un Consejo Consultivo de Emergencia con la participación de las entidades representantes del sector agrario. Es claro que la denominada Mesa de Enlace se ha impuesto en la opinión pública como una especie de oposición política a las medidas del gobierno, y la inserción de estos personajes a la discusión de las medidas de emergencia agropecuaria a futuro parece ser una respuesta por parte del ejecutivo a sus incesantes, y muchas veces incongruentes reclamos.
De todas maneras, el vicepresidente 1º de la Federación Agraria Argentina Pablo Orsolini, calificó de insuficiente la medida, aunque se mostró satisfecho por el incremento en el fondo de subsidios que pasó de 150 millones en un principio a 500 millones. Una vez más la polémica se plantea entre el ejecutivo y una de las entidades del ruralismo. No se sabe cual es el objetivo ni la crítica real de la entidad que Orsolini representa, ya que por un lado presenta una queja y por otro un elogio, pero parece ser que las indefiniciones reinan en la cabeza de quien a partir del 10 de diciembre ocupará una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Lo necesario y lo posible.
Dentro de las propuestas que el ejecutivo plantea llevar al escenario legislativo se encuentran medidas que plantean modificaciones en la actividad agraria de nuestro país. Uno de los principales puntos que seguramente serán tratados en un futuro cercano es el relativo a la renta de las tierras productivas para la terciarización de la siembra en el mayor de los casos.
Hoy en día casi el 80 % de nuestro territorio fértil se encuentra rendido ante el avance de la soja producto de las especulaciones de los grupos económicos que manejan los denominados pooles de siembra. De esta manera, la actividad agrícola del país ha pasado, en tan sólo una década, a basarse prácticamente en el monocultivo con todos los riesgos que ello implica.
Hemos escuchado en este último tiempo como los dueños de grandes extensiones de tierra han advertido sobre las bajas en la siembra de Trigo y Maíz y los riesgos que en el consumo interno pueden acarrear. Pero ¿Qué es lo que deciden hacer estas mismas personas con sus tierras? La respuesta es simple y tradicional. Deciden entregarlas a la especulación del mercado de granos, o lo que es igual, llenarlas de soja porque es el cereal que más rentabilidad produce.
Pero no es el caso sólo de quienes poseen grandes extensiones. Existen muchos productores en nuestro territorio que han sido beneficiados por alguna herencia familiar y de la noche a la mañana se han encontrado dueños de alguna que otra porción de tierra. El problema de este sector, es el que involucra directamente al campo con el negocio inmobiliario que tanto irrita a los productores, pero que tanto ilustra una realidad que no es fácil de ocultar.
Más del 50 % de las extensiones territoriales aptas para siembra son arrendadas a cambio de suculentos alquileres. O dicho de otra manera, muchos de los pequeños y medianos productores deciden hipotecar sus tierras en manos de los pooles de siembra a cambio de un “buen alquiler”, dejando de lado la opción a trabajarla y producir su propio negocio familiar.
Ante esta realidad se plantea necesaria la intervención del Estado para regular no sólo la actividad en sí, desarticulando el riesgo de convertirnos en un país del monocultivo. También es necesario revertir la tendencia que plantea la renta de la tierra como un negocio superador a trabajarla. Se necesita de un Estado presente en la actividad agrícola para que quienes ganen sigan ganando, pero lo hagan desde el trabajo y no desde la especulación y la renta de sus tierras.
En este marco lo posible se hace presente y pone límites en la necesidad de avance sobre la implementación de un marco legal necesario. Dependerá de la capacidad del oficialismo en generar una articulación de las fuerzas en conflicto y encontrar el cauce de cada uno de los intereses en juego. Es así que la elaboración de los proyectos que a futuro impulse el Ejecutivo tendrá que contemplar la existencia de los resabios de una batalla que sigue en estado de ebullición, que tuvo su primer reflejo hace más de un año y que costó un resultado adverso en las pasadas elecciones del 28 de junio. En este marco de posibilidades habrá que obrar en pos de la necesidad.