Reforma política.
Nuevas reglas para el juego electoral.

En la ronda de diálogo político, donde participaron todos los partidos con representación parlamentaria menos la Coalición Cívica de Elisa Carrió, se acordó modificar la práctica electoral. La Legislatura Nacional debatirá en estos días la aprobación de la “Reforma Política”. El alcance de esta nueva metodología condicionará las posibilidades de los futuros candidatos a cargos electivos.

Por Leandro Ciriaco.

lciriaco@aluviondigital.com

Antes de comenzar a desandar este relato, sería interesante establecer una primera pregunta decisiva para la valoración positiva o negativa con respecto a la iniciativa del oficialismo: ¿es necesario mejorar el sistema electoral argentino? Todavía no nos adelantemos a formular una respuesta categórica, sólo analicemos lo acontecido en la última campaña electoral que culminó en la elección del 28 de junio del 2009, donde reinaron las listas espejos, colectoras, candidatos “trúchos” y hasta dobles que actuaban en lugar de los candidatos en algunos actos de campaña.
Los ecos del resultado electoral del 28 de junio todavía no se silencian. Debilitado políticamente por el tras pie electoral que el oficialismo debió soportar en la provincia de Buenos Aires, la presidente Cristina Fernández convocó, pocos días después de la ajustada derrota, a todas las fuerzas políticas que obtuvieron representación parlamentaria a una ronda de conversaciones con el fin de retomar la iniciativa perdida y escuchar las posturas de todos los actores.
Este gesto fue muy bien recibido por el arco político argentino que acudió a la mesa de diálogo con mayores o menores pretensiones, pero todos con la expectativa de encontrar una agenda común. Como producto de esas extensas jornadas de trabajo, coordinadas por el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, surge este proyecto de reforma política que encontró ya media sanción en el Senado.
Los primeros en asistir como no podía ser de otra manera fueron los jefes del radicalismo bonaerense, Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, acostumbrados a jugar a representar a la oposición y a sacar buenas tajas de ello; los radicales lograron consenso en torno a un proyecto que les permitirá salvar a la moribunda estructura partidaria (Ver “Después de la crisis del 2001”).
La participación de Stolbizer desató el enojo de Elisa Carrió que, mientras visitaba Disney en Orlando Florida, manifestó su más enérgico repudio al diálogo político e intentó desautorizar a su, por entonces, aliada bonaerense. Este hecho terminó definitivamente con la relación. Carrió manifestaba que el diálogo debía darse en las cámaras, aunque en realidad el planteo escondía una postura claramente antidemocrática.
Para los jefes del justicialismo este proyecto también es beneficioso ya que le permitirá ordenar la interna crónica que existe entre duhaldistas y kirchneristas, conduciéndola por dentro de las instituciones electorales. Esto es muy saludable si tenemos en cuenta lo que puede implicar una interna peronista que no está lo suficientemente reglada y ordenada.
Sin embargo, la estrategia de sabotaje permanente que el duhaldismo ejerce sobre el gobierno nacional mediante su brazo electoral encabezado por Francisco De Narváez y su brazo piquetero integrado por la Corriente Clasista Combativa y el MJIP de Raúl Castel, puede continuar, pero plantea sin lugar a dudas una salida institucional a la disputa.
Tengamos en cuenta que el ex presidente Duhalde manifestó en el último coloquio de IDEA, rodeado de los empresarios más poderosos del país, que tiene intenciones de disputar el liderazgo del PJ a Néstor Kirchner en la próxima interna partidaria. De ser esto así, la reforma política permitirá saldar esta posible interna con una herramienta adecuada para tal fin.
Los partidos minoritarios, que no cuentan con representación parlamentaria, han manifestado su disconformidad, ya que este proyecto pone en duda su continuidad como partidos si no logran una participación de uno y medio del total del padrón electoral (35 mil participantes) en su interna partidaria, un piso bastante difícil de alcanzar para aquellas fuerzas que prácticamente se alquilan para sostener candidatos de última hora o para conformar frentes, listas espejo o colectoras.
La intención del proyecto es dividir la elección en dos instancias. Las primarias donde cualquiera puede presentarse como candidato en tanto y cuanto participe dentro de un partido habilitado y la elección general donde sólo podrán participar aquellos candidatos ganadores en sus respectivos partidos.
De esta manera, la elección general contará con muchos menos candidatos, pero que ostentarán una representatividad distinta a la que se puedo observar en la última elección donde se presentó el De Narváez “trucho”.
Tampoco podrán participar aquellos que estén involucrados en casos de violación a los derechos humanos como Luis Abelardo Patti, ni aquellos que sean contratistas del Estado o que ocupen un cargo en las Fuerzas Armadas o de seguridad.
El proyecto también regula el dinero que un partido puede gastar en una elección, evitando que aquel partido que tanga un magnate entre sus candidatos pueda sacar ventaja de su posición económica frente a otros que no cuenten con esa magnitud de recursos. Recordemos la escandalosa campaña de Francisco De Narváez en la que gastó 52 millones de pesos para acceder a una banca de Diputado nacional.
El profundo desgaste que la práctica electoral arrastra a lo largo de 25 años de democracia conforma otra de las deudas pendiente que la dirigencia argentina debe resolver.

A fin de cuentas.
Poco queda ya de aquella poderosa dinámica bipartidista que signaba la política argentina entre dos partidos de masas, los peronistas y los radicales, quienes sostenían proyectos de país bien definidos y que, además, contaban con liderazgos fuertes y carismáticos como los de Raúl Alfonsín o Antonio Cafiero.
Recordar la campaña electoral del año 1983, donde los dos partidos concentraron en sus cierres de campaña aproximadamente 2 millones de personas cada uno, sobre la porteña Avenida 9 de Julio con obelisco y todo, parece una imagen de otro país.
Ni hablar del fervor y la confianza que despertaban las estructuras partidarias entre los militantes y simpatizantes de ambos partidos. Recordemos que en 1983, el justicialismo afilió en apenas unos pocos días a 4 millones de argentinos, constituyéndose en el partido político más grande de Occidente.
Pero el entusiasmo dio paso a la lúgubre realidad: la democracia no curó, educó ni alimentó a nadie, hecho que desilusionó a millones de personas que se identificaban honestamente con el alfonsinismo.
Por su parte, los peronistas encontraron que la revolución productiva y el salariazo daban paso al neoliberalismo salvaje de la mano de la traición de Carlos Saúl Menem.
Al final de la cuenta no quedaba un solo político fuera del oprobio. Radicales, justicialistas y frepasistas administraron la continuidad de las políticas de la dictadura agro/militar de Videla y Martínez de Hoz, divorciando a las estructuras partidarias de un pueblo que terminó pidiendo a gritos: “que se vayan todos”, que no quede ni uno solo.
El desafió de reconciliar a la sociedad con su dirigencia política excede largamente las posibilidades del proyecto que los diputados comenzarán a analizar a partir de los próximos días, ojalá que este sea el principio de una recuperación de la institución electoral que nos oriente hacia una democracia verdaderamente participativa que sirva al pueblo.