Mafia de los medicamentos.

Peor el remedio que la enfermedad.

Peor el remedio que la enfermedad. Bajada: En agosto de 2008, el homicidio de un empresario farmacéutico y dos amigos despertó el interés de la justicia en torno a las rutas de los medicamentos. El involucramiento de importantes personajes de la política y el sector empresarial atrajo al periodismo y, a principio de este año, las investigaciones judiciales revelaron la existencia de una red de empresas que adulteraban medicamentos oncológicos con complicidad de los mismos enfermos.

Políticos, sindicalistas, empresarios y en algunos casos personajes que conglomeran las tres actividades al amparo de la corrupción de una industria que hasta hoy monopolizaba el goce de la impunidad. Por momentos tapa de todos los diarios y al instante desinformación absoluta. En esa ida y vuelta se plantea el tema de los medicamentos adulterados, problemática que en la actualidad involucra a empresarios y amenaza con destapar supuestos acuerdos políticos y sindicales. Todo ello a expensas de la salud social.
Efredrina, el comienzo. Desde que en agosto de 2008 la justicia puso el ojo sobre la industria farmacéutica por un “error” en la cadena de distribución de la efedrina que costó la vida del empresario Sebastián Forza, dueño de la droguería Seacamp, y dos allegados a éste, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, han comenzado a vincularse nombres de políticos con la industria del tráfico, en este caso particular, de drogas primarias y medicamentos oncológicos. Se entiende por drogas primarias las que pueden ser utilizadas para la elaboración de sustancias con mayor nivel de adicción y peligrosidad para quienes la consumen. Este es el caso de la efedrina y, por ende, el interés manifiesto de carteles mexicanos en su adquisición. Volviendo al tema de las vinculaciones, parece haber quedado en el olvido la citación judicial al político y empresario Francisco De Narváez por su presunta participación en el mercado de efedrina que en 1994 sacó a Maradona del mundial de EEUU. Llamativamente, la vinculación que alcanzó su punto álgido durante la campaña previa a las elecciones legislativas de junio pasado, fue tratada por todo el bloque opositor como una “chicana” política para desgastar al candidato Pro. Lo cierto es que la causa sigue en la justicia y De Narváez, el Diputado puro, limpio de causas, y paladín de la reforma política opositora, no ha prestado las pruebas para que se lo desvincule de las acusaciones, sumando a su prontuario una falta más de colaboración con la justicia (recordemos que no pudo acreditar el incremento de su patrimonio en un 900 % cuando fue cuestionado al respecto).
Lo extraño de este caso particular es el escaso tratamiento mediático que recibió el tema que liga la ruta de la efedrina con Don Francisco. Pero lo más sorprendente es la brutal desaparición del tratamiento noticioso. Aunque claro está que las presiones debieron haber sido importantes, y que entre dueños de medios de información existen pactos de no agresión, y mucho menos antes de tener que enfrentarse al gobierno en el tratamiento de la Ley de Medios Audiovisuales.
De medicamentos y otras yerbas. Pero lo cotidiano parece haberle dado la mano al empresario y político en cuestión, y de golpe apareció en la agenda de los medios la investigación que la justicia está desarrollando sobre la adulteración de los medicamentos, acompañado por la distribución y venta de los mismos, y la consecuente estafa al Estado. La nueva causa, que impulsa el juzgado de Oyarbide, corrió el eje de la noticia y lo posó sobre el presunto involucramiento de sectores sindicales con peso específico en la CGT (el caso más trascendente es el del líder bancario Juan José Zanola). De esta manera, lo que se tildó como operación preelectoral contra la oposición, en un abrir y cerrar de ojos se dio vuelta. Pero tratarlo de operación de prensa en contra del gobierno sería caer en la lógica de desmerecer el hecho de que la justicia está ejerciendo sus funciones en plena libertad de poder. Encasillar y tratar de reducir la existencia de mafias de medicamentos a una puja política entre oficialistas y opositores, no generaría más que una pérdida del eje central de la importancia del accionar de la justicia y principalmente de los riesgos sociales que la existencia de estas organizaciones promueve. La falsificación y adulteración de medicamentos no se da en los de consumo masivo, si es que se permite la expresión, como lo serían las aspirinas, por ejemplo. Los motines de la mafia apuntan a armarse de partidas de medicamentos para tratamientos oncológicos, de HIV, o hemofilia. Resulta que el valor en mercado de éstos puede fluctuar de entre $ 3.000 a $ 30.000. La ruta de acceso por parte de los mercaderes de la muerte al medicamento tiene su inicio en un dato aún más aterrador. Uno de los primeros iniciadores del mercado negro lo constituyen los mismos pacientes que dejan de consumir los tratamientos. De esta manera, en vez de hacer la devolución del medicamento sobrante en el tratamiento, decide ponerlo en el mercado negro por un valor sustancialmente menor al que indica la nómina, mercado que es blanqueado por una droguería que hará las veces de distribuidora del producto farmacológico, previa adulteración de los datos de registro del mismo (cambian el troquel y muchas veces los envases) devolviéndolo al mercado en supuestas condiciones de normalidad para su uso médico. De esta manera, el producto llega a las obras sociales por el valor nominal, esto implica una diferencia casi del 1000% de la suma abonada en la etapa inicial de compra al supuesto paciente. En esta tercera etapa el producto entra al mercado “legalmente”, y luego de ser asignado a un paciente que lo necesite, la obra social cobra al Estado por el servicio oncológico prestado. Para ello se cuenta con el fondo solidario de Aportes Especiales (APE) a los cuales se destinan $ 1000 millones al año para la devolución a obras sociales en este concepto. Como sucedió con el caso de la efedrina en donde las vinculaciones de Forza cruzaban ampliamente las fronteras de la legalidad, la política y los países, llegando al involucramiento del funcionario de pelo rojizo, el caso de los medicamentos y su adulteración no resulta ajeno al plano político. Es que las organizaciones como las sindicales, en su mayoría, son proveedoras de servicios de salud prepaga, lo que inherentemente genera la necesidad de relacionarse con droguerías y distribuidoras de fármacos. También el Estado en todos sus niveles se involucra en el negocio, la puesta en marcha de planes de salud como el Programa Remediar implica acuerdos de abastecimiento de medicamentos firmados con laboratorios y droguerías. Y la existencia de fondos de compensación como APE lleva implícita la buena fe de las obras sociales en su prestación. Ahora bien. ¿Tiene el Estado manera de hacer frente a este flagelo que amenaza con desgastarlo desde dentro? Hace un tiempo desde Aluvión Popular indagamos en la posibilidad concreta con la que cuenta el Estado para generar la producción de medicamentos sin necesidad de recaer en la industria privada a la que muchas veces con sus compras oficia de subsidiario en su producción. Sería una posibilidad a futuro y una decisión política retomar el camino emprendido por el propio Ramón Carrillo allí cuando mediaba el siglo pasado, época que se esgrime como la más saludable en políticas de salud.