Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
De los multimedios a la multiplicidad de Medios.
La propuesta de Ley se presentó en la ciudad de La Plata el 18 de marzo. El Ejecutivo plantea una profunda modificación con participación ciudadana. Por primera vez, la democracia busca garantizar la multiplicidad de voces.
Por Javier Sánchez.
jsanchez@aluviondigital.com
En férreo compromiso con el deber que al Estado le compete como garante de los derechos de los ciudadanos y firme en el compromiso de torcer el rumbo de una ley que durante 30 años diseñó las bases de la compra y concentración de medios, el pasado 18 de marzo la Sra. Presidenta de la Nación oficializó el lanzamiento del nuevo proyecto de ley de radiodifusión. Actualmente, los Servicios de Comunicación Audiovisual se enmarcan en el decreto-ley 25.285/1980 sancionado durante el período de agonía del último gobierno de facto.
Ante la necesidad de modificar la normativa vigente y promulgar una ley de la democracia que de cuenta de las actualizaciones en materia medios y de la incorporación de nuevas tecnologías, el Poder Ejecutivo Nacional puso en público conocimiento el anhelo de que la nueva norma sea un ejemplo del compromiso democrático. En este sentido, se propone distribuir por todo el país la propuesta oficial para que sea analizada por todos los actores sociales involucrados (ONGs, Universidades, Trabajadores del sector, Cooperativas, Instituciones religiosas) y permitir modificaciones a lo que hoy es un borrador que apunta a disparar el compromiso ciudadano.
La diferencia sustancial con la anterior ley resulta de la concepción misma de la iniciativa, permitiendo reforzar los pilares reguladores de un mercado en continua expansión y concentración como es el de la comunicación en nuestro país.
La radiodifusión como ejercicio del derecho y no como un simple negocio comercial.
La ley 25.285/80 no sólo promueve la instalación de sociedades comerciales al frente de cualquier señal de información -sea radial o televisiva- dejando fuera toda iniciativa sin fines de lucro, sino que además no pone traba alguna a la conformación de monopolios. La concentración de medios está garantizada ya que el Estado sólo puede intervenir en las licencias que se encuentran en zonas de baja rentabilidad para los privados.
Paradójicamente, la modificación de los artículos 45 inciso e) y 46 inciso a) y c) que permitió la acumulación de señales en manos de un solo propietario, fue sancionada en épocas democráticas. Fue así que los únicos puntos que servían de escollo a la concentración de medios se reformularon. El terreno fue allanado y el incipiente gobierno menemista comenzó a demostrar a la sociedad en su conjunto cuáles eran sus verdaderos intereses.
Quitar toda traba a la acumulación de medios bajo una misma razón social, permitió a los empresarios arrasar con las señales radiofónicas (AM y FM), canales de aire y de cable, medios gráficos.
Es importante remarcar que la gestación de monopolios u oligopolios de información implica un riesgo mayor al de la concentración de activos. La realidad contempla otro tipo de amenaza en crecimiento: la existencia de pocas voces en detrimento del pluralismo informativo, voces que adquieren una clara cuota de poder.
La complicidad y garantías del gobierno menemista para con los intereses privados fue primordial a la hora de garantizar el apoyo de los ya consolidados multimedios en las políticas de privatización de activos estatales que a la postre impulsaría la gestión.
La anulación de esas modificaciones y la instauración de un marco que permita al Estado retomar su rol de interventor en la regulación del mercado de medios resultan urgentes.
La situación del interior.
El principio del fin de los avales que permitieron a los multimedios ejercer el control de la opinión pública en todo el territorio nacional plantea garantizar el acceso a la información y la cultura a todo ciudadano argentino, y da luz verde al Estado para ejercer medidas de regulación a partir de una distribución de licencias propia de los tiempos que corren.
La defensa de los intereses de los actores sociales del interior, ha sido postergada durante casi treinta años producto de la decisión de una clase dirigente de perpetuar el enriquecimiento de sectores vinculados a la explotación de medios de comunicación en detrimento del desarrollo cultural y social de toda la nación. A partir de la puesta en funcionamiento de la nueva norma, los medios del interior podrán volver a ocupar el rol social que les corresponde, hoy vedado por las fuertes presiones impuestas desde los holdings mediáticos en temas de configuración de agenda y acceso a financiamiento. Por ejemplo, hoy en día no existen programaciones que den cuenta de lo local-regional.
La nueva norma propone convertir la agenda de temas que hoy imponen los multimedios, centrada en lo que ocurre en la Capital Federal, en una agenda alternativa que de cuenta de las realidades que atraviesa cada rincón de nuestro vasto territorio.
La producción de contenidos de origen nacional como iniciativa fomentadora y protectora del trabajo y la inclusión de los mismos en altos porcentajes de las programaciones (70% en radios y 60% en señales de TV), el fomento en la producción de contenidos educativos e infantiles, la reserva inderogable de un tercio del espectro radioeléctrico para entidades sin fines de lucro, la asignación de nuevas frecuencias a los Poderes Ejecutivos (Nacional, Provinciales y Municipales), garantizan una pluralidad de voces, hasta el momento desconocida en nuestra sociedad, tendiente a profundizar el sentimiento democrático en nuestro pueblo.
Ya no habrá que rastrear entre sitios web las opiniones que nos interesan, sólo bastará con tener acceso a alguna de las tecnologías de la información y clavar el dial en donde más nos guste. Puede parecer un sueño de alguien que durante 30 años deseó una diversidad de voces acorde a un período democrático, pero es un recuento de apenas algunos puntos del nuevo proyecto que los argentinos estamos por dar a luz.
El negocio del cable.
El mapa de medios que en la actualidad posee nuestro país se reduce en su mayoría a unos pocos privilegiados. Es así que el acceso gratuito a la información es vedado en el 90 % de nuestro territorio a los ciudadanos argentinos.
Canal 9, Canal 11, Canal 2, Canal 13 no superan el rango de los 100 kilómetros en la nitidez de sus señales siendo estas empresas prestadoras de un servicio público al que supuestamente debemos acceder todos los argentinos.
Esta realidad se agrava a medida que uno comienza a dilucidar que en regiones no muy alejadas de la Capital ni siquiera existen repetidoras de la señal Estatal (Canal 7), y que sólo es posible acceder a la información y entretenimiento brindado por los medios públicos a través de la contratación de servicios de TV por Cable que paradójicamente son regenteados por empresas poseedoras de canales de aire.
Este es el caso de Multicanal y Cablevisión, dos empresas que por la módica suma cercana a los $ 100 mensuales adjudican el derecho de informarse y entretenerse “disfrutando” de las señales televisivas que tendrían que llegar a los hogares sin costo alguno, como ocurre en la Capital.
Esas dos distribuidoras de señales, que en principio se repartieron el país en una supuesta tregua de convivencia para garantizar sus haberes, hoy no pelean más. Su fusión y posterior absorción por parte del Grupo Clarín las ha hermanado y puesto como las únicas empresas periodísticas en más de un pueblo argentino.
La elaboración de contenidos independientes y por fuera de una agenda de noticias impuesta desde las oficinas de la Capital, se hace cada día más difícil en el interior.
Desinformación.
Dicen que la reforma de la Ley de Radiodifusión presentada por Cristina Fernández de Kirchner oculta la intención del gobierno de controlar la prensa. Pero ¿quién maneja la información? ¿A qué tipo de noticia tenemos acceso y a cuáles no? ¿En qué fuentes podemos confiar para estar verdaderamente informados? Lo que sí está claro, es que el sobreflujo informativo no presupone mayor conocimiento de la realidad, sino una vía más para la desinformación, para la información ausente u orientada. Por ejemplo, no se suele difundir información que pueda perjudicar a los grandes medios masivos de comunicación. El manejo monopólico del papel-prensa por el Grupo Clarín, la causa por los hijos de Ernestina Herrera, la Ley Espía, son noticias poco o nada difundidas.
El drama de la prensa escrita.
La conformación de la empresa de capitales nacionales Papel Prensa S.A.C.I.F. durante 1978 significó un hito en el mercado de diarios. A partir de ese entonces las empresas periodísticas iban a poder acceder a cuotas de papel para desarrollar sus actividades sin depender de los elevados costos que significaba importar su materia prima.
Quien controla el mercado del papel, controla la prensa escrita. O bien, quien desea plasmar sus ideas en un medio gráfico necesita que el papel esté disponible para tal fin.
En nuestro país, con frecuencia, se ve dificultada la labor periodística por no poder acceder a un precio razonable en la compra del papel. ¿Cómo es posible esto?
El mayor porcentaje de las acciones de la única empresa destinada a garantizar un precio competitivo en el mercado del papel prensa está en manos del Grupo Clarín, le sigue La Nación y, por último, al margen de las grandes decisiones, el Estado Nacional.
Esta composición de la gerencia de tan importante empresa corrompe los cimientos del estado de derecho a la información plural. Los dos medios gráficos más importantes del país manejan a discreción los costos que las empresas pequeñas deben afrontar para publicar los contenidos elaborados por periodistas que muchas veces ven truncadas sus posibilidades por las injusticias de un mercado del que no pueden ser partes.
La desidia en la determinación de costos a favor o en detrimento de tal o cual empresa periodística, no sólo posterga el derecho a la información sino que también pone en jaque la libertad de expresión. Mucho más sencillo es acceder a cuotas de papel si se hace eco de la agenda de noticias que elaboran Clarín y La Nación.
Empresas que intentan despegarse de ese “deber ser” que plantean los dos “grandes” del mercado de la noticia deben arreglárselas nucleándose en asociaciones para abaratar costos, recurriendo muchas veces a mercados internacionales para la compra del papel.
Esta realidad manifiesta que la constitución de los monopolios no es exclusividad del espectro radioeléctrico. Regular el accionar de Papel Prensa S.A.C.I.F. es garantizar los derechos de información y libertad de expresión relativos al formato por excelencia del periodismo en la historia de la humanidad.
El camino a seguir es claro si se busca garantizar una pluralidad de voces. Por el momento la iniciativa del oficialismo hace aguas en torno a la prensa escrita.
Los hijos de Noble .
El 17 de diciembre del 2002, el comisario de la Policía Federal Argentina, Carlos Alberto Sablish, detuvo en su mansión de Madero al 2558 a la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, a pedido del Juez Federal de San Isidro, Roberto Merquevich, quien investigaba la apropiación ilegal de dos menores que serían hijos de personas desaparecidas durante la ultima dictadura militar.
El 13 de Mayo de 1976, Ernestina Herrera se presentó en el 1ro de menores de San Isidro para solicitar la tenencia de dos recién nacidos que, según sus dichos, habían sido abandonados en la puerta de su domicilio.
Los menores fueron puestos bajo su custodia al día siguiente con los nombres de Felipe y Marcela Noble Herrera permaneciendo bajo su tutela hasta la fecha.
La adopción de estos menores está plagada de irregularidades administrativas, sin embargo lo que más sospechas genera en la opinión pública es la negativa tajante de la directora de Clarín de permitir que se realicen las pruebas de ADN para ser contrastadas con el “Banco Nacional de Datos Genéticos”, donde se registran los datos de familiares de detenidos desaparecidos.
Según Pablo Llonto, autor del libro La Noble Herrera, Marcela sería en realidad Matilde, secuestrada cuando sólo tenía 6 meses por comandos del Ejército y la Policía Bonaerense en Catamarca 1795, localidad de Acasuso. Sus padres, Bárbara Miranda y Roberto Lanuscou -ambos integrantes de la organización Montoneros- fueron abatidos ese mismo día durante un tiroteo en el que también resultaron muertos Roberto de 5 años y Bárbara de 4, ambos hijos de la pareja. Los cuerpos de la familia fueron exhumados en 1983 en una fosa común en el cementerio de Boulogne.
Por su parte, Felipe sería hijo de María del Carmen Gualnero, secuestrada el 8 de junio de 1976 en Acoyte y Avellaneda, ciudad de Buenos Aires, por el móvil 1083 de la Policía Federal perteneciente a la seccional 11 donde permaneció unas horas hasta que se le perdió el rastro. María del Carmen estaba embarazada de 9 meses y, según datos aportados por su padre, habría estado secuestrada en el centro clandestino de Automotores Orletti, donde habría dado a luz el 25 de junio de 1976. El padre del niño, Ernesto García, fue asesinado en 1975.
La apropiación ilegal de menores es un delito, sin embargo, la directora de Clarín ha logrado evadir la prisión preventiva desde que la Cámara de San Isidro desautorizó a Merquevich en el 2001, permitiéndole permanecer en libertad hasta el momento de la sentencia.
La Ley Espía.
La ley 25.873 sobre captación y derivación de comunicaciones, sancionada el 17 de Diciembre de 2003, y su decreto reglamentario, son inconstitucionales ya que vulneran las garantías estableci¬das en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en cuanto autorizan la intervención de las comunicaciones telefó¬nicas y por Internet sin que una ley determine "en qué casos y con qué justificativos". Esta intromisión constituye una violación de los derechos a la privacidad y a la intimidad de los usuarios de estos servicios, a la par que menoscaba el privile¬gio de confidencialidad, especialmente, de profesionales tales como los abogados y los periodistas.
La llamada Ley Espía, que incorporó tres artículos a la de Telecomunicaciones de 1972 y dispuso el almacenamiento de datos sobre las telecomunicaciones por el plazo de diez años, ponía en manos de la SIDE y del Estado una herramienta de alcances insospechados porque determinaba que la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE estaría encargada de las intercepciones telefónicas y los prestadores de Internet de realizarlas y conservarlas.
Esta ley estaba suspendida por un decreto firmado por Néstor Kirchner en abril del 2005 y la Corte evitó que otro decreto la pusiera nuevamente en vigencia en febrero de este año.
Esta ley se aprobó en un marco mundial de ampliación de las escuchas telefónicas sin restricciones judiciales. Desde hace años existe una red de espionaje llamada ECHELON que está gobernada por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. ECHELON puede capturar comunicaciones por radio y satélite, llamadas de teléfono, faxes y correos electrónicos en casi todo el mundo e incluye análisis automático y clasificación de las interceptaciones. En el 2007, George W. Bush aprobó, como si esto fuera poco, la “Protect America Act” (Ley para proteger a Estados Unidos) ampliando la ley de espionaje.
En Italia, funciona la red de espionaje de la empresa de telecomunicaciones Telecom que llegó a abarcar a países como Francia, Rusia, Venezuela, Perú, Brasil, Italia y hasta Argentina. En el 2007, se produjo un caso de espionaje web masivo conocido como “Italian Job” y en el 2008 un caso similar llamado “Italian Job II”.
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