Radios comunitarias.
“La ley técnicamente es inatacable”

Pablo Antonini es el Director de la radio comunitaria Estación Sur que tiene su estudio dentro del Centro de Cultura y Comunicación de La Plata. Integra la mesa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), que es una red de radios que pertenecen a asociaciones civiles, mutuales, cooperativas y distintas entidades sin fines de lucro. Desde aquí, participó activamente en todo el proceso de debate que concluyó con la reciente aprobación en el Congreso de la Nación de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales.

¿Cómo era la situación de las radios comunitarias hasta la aprobación de la Ley?
Con la legislación de la dictadura tenían directamente prohibida su existencia. Con el artículo 45 original de la ley de la dictadura solo podían ser adjudicatarios de licencias personas físicas o comerciales, con lo cual todas las radios que pertenecían a asociaciones no comerciales eran ilegales. Lo que implica, además de una cuestión legal, todo un concepto ideológico de la comunicación concebida solo como actividad privada. Esta primera cuestión, es la que motivo a organizarse a las radios pioneras de FARCO, que hoy son casi las emisoras sobrevivientes de lo que fue aquella primera explosión de las FM a principios de los 90. Son muy pocas las que pudieron sobrellevar toda esa etapa de decomisos, de persecución, en las que se las estigmatizaba bajo el mote de radios piratas o clandestinas.
En aquel momento se empiezan a organizar a la defensiva, para evitar los decomisos y por un modelo de comunicación que no estuviera basado en el concepto comercial. Una de las estrategias, fue meter recursos de amparo, planteando que en la Constitución estaban incorporados el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención por los Derechos Humanos de 1949, que planteaban la comunicación como un derecho humano. El argumento jurídico que esgrimieron, era que la ley de la dictadura estaba prohibiendo ejercer ese derecho. Con esa estrategia pudieron sobrevivir algunas radios y se logró que en el año 2003, a partir de un recurso que había presentado radio “La Ranchada” de Córdoba, se declarara inconstitucional ese artículo. De la misma manera actuó radio Encuentro de Viedma, que es de donde proviene Néstor Buzo, actual presidente de FARCO.

¿Qué sucedió después?
FARCO empezó a crecer y empezó a desarrollar distintas estrategias de producción en red. En el año 2004, se hizo un llamado muy amplio a distintos sectores, planteando que había que construir la mayor cantidad de fuerza social para lograr una ley de la democracia.
La situación en la Argentina fue diferente con respecto a experiencias que hubo en otros países, como las de Uruguay, Brasil o chile, donde las emisoras pelearon y lograron conseguir una legislación que las ampare como radios comunitarias, pero muchas veces a costas de resignar cosas.
El ejemplo mas acabado es el de chile, en donde las radios comunitarias existen, tienen una cierta protección del estado pero no pueden vender publicidad y tienen una limitación importante de potencia, es decir son encasilladas en la postal de la radio barrial, pintoresca, que cumple función social pero que en lo posible no joda demasiado a los verdaderos negocios de la comunicación.
En nuestro país en cambio, nos planteamos discutir todo el concepto de la comunicación masiva en la Argentina, queremos debatir el derecho de los medios comunitarios, pero también queremos discutir los medios públicos, como se le pone límites a los monopolios, la situación de los trabajadores de la comunicación, exigimos que exista un piso de producción nacional que garantice fuentes de trabajo y que ayude a la construcción de nuestra cultura. A partir de esto, se logró una convocatoria muy amplia denominada Coalición por una Radiodifusión Democrática, donde se pudo sentar a sectores que suelen ser injuntables, la CGT y la CTA, están todas las carreras de comunicación del país, organismos de derechos humanos, gremios de trabajadores de la cultura, asociaciones de músicos. Un espectro amplísimo que se reunió y articuló en base a algunos consensos fundamentales que se explicitaron en 21 puntos
Esos 21 puntos que se lanzaron públicamente el 27 de agosto del 2004.

¿Qué expectativas se te generan luego de la aprobación de la Ley?
Nosotros corremos con la ventaja de contar con compañeros, organizaciones y prácticas de producción en red muy desarrolladas. Esto va a ser importante para cumplir la tarea que se viene que es básicamente lograr que la ley se aplique. Estamos muy satisfechos con la ley, la consideramos propia. También sabemos que vamos a necesitar fuerza social para poder aplicar esta ley porque hay intereses muy de punta, que se juegan sus negocios y su capacidad de lobby. Desde FARCO tenemos la satisfacción de haber sido elegidos para presidir el Consejo Federal, desde ese lugar las líneas de acción son muchas, una tiene que ver con ocupar esos espacios que nos abrió la ley, dar permanentemente el debate y garantizar que funcionen. Otra tiene que ver con fortalecer nuestras practicas para después llenar de contenidos esos espacios, porque no sirve que la ley te habilite un espacio si vos no tenés con que llenarlo. No alcanza con el 33% de reserva de frecuencias para las organizaciones sociales si después no desarrollas la suficiente capacidad de producción para ocuparlas. Hay otra cantidad de puntos importantes que tiene que ver con la capacitación y la promoción de nuevos medios de comunicación. Ahora estamos trabajando en un proyecto de capacitación para radios escolares, interculturales y de fronteras. Se hizo un convenio vía FARCO, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a partir del cual estamos capacitando 120 radios en todo el país. Muchos son medios pensados en la escuela y para la escuela, y estamos trabajando para que puedan pensarse como medios de comunicación hacia la comunidad. Hay una variedad y una riqueza de experiencias muy importantes, que necesitan ser sujetos de una política de Estado y eso es lo que también va a determinar de que la ley se cumpla o no.
Otra parte fundamental es que funcionen los mecanismos previstos para fortalecer e impulsar los medios públicos. La ley permite por ejemplo la creación de radios municipales, canales de televisión abiertos provinciales, medios de las universidades nacionales; hay que lograr que rompan la lógica del medio público tradicional, como simple vocero de los actos de gobierno que realmente se han apropiado, por la comunidad y por las organizaciones para ser expresión del lugar en el que funciona. Tenemos que lograr una producción igual o más de atractiva que la de los medios privados, la mayoría de la gente esta acostumbrada a ver televisión sobre todo, con un ritmo y una estética que en general es difícil de alcanzar. Hay que desarrollar una comunicación creativa y atractiva, y no solamente políticamente correcta.
La experiencia de los medios comunitarios, en general se lleva a cabo con militancia, nosotros tenemos que ser capaces de generar medios en donde un plantel de gente pueda vivir de ellos o tenerlos como un segundo trabajo. Es muy difícil sostener proyectos sólidos, que estén en capacidad de competir con medios comerciales, de disputar la producción de sentidos si solo se sostienen desde la militancia. Necesitamos medios económicamente viables.

Teniendo en cuenta este proceso que vas describiendo y como fue la construcción de la legislación ¿Qué sensación te genera el discurso de algunos legisladores de la oposición que dijeron que es una “ley tirada de los pelos” o le pusieron el mote de “ley K”?
Para nosotros eso es una falta de respeto a todas las organizaciones que no somos oficialistas y que estuvimos trabajando en esto tanto tiempo. Vos podés estar de acuerdo o no con la idea, con el planteo pero no podes desconocerlo, no podes negarlo y lo que intentaron hacer durante todo este tiempo y con este discurso es negarnos, negar la impresionante construcción de fuerza social que hubo detrás de esto, que empezó mucho antes de que iniciara el gobierno de los Kirchner.
Me pareció un discurso intencional, por que la ley es muy difícil de discutir técnicamente. Es una ley que tiene lo mejor de muchas leyes del mundo y a su vez una producción propia. Por eso vimos muy poca discusión de contenido, vimos solo consignas.
La ley técnicamente es inatacable, se la puede cuestionar ideológicamente. Un dueño de multimedia puede decir yo creo que como empresario tengo derecho acaparar la mayor cantidad de licencias que pueda y mantener mi poder de lobby, por que creo que la comunicación debe ser regulada en función de los intereses del mercado. Ahí tenemos una discusión política e ideológica. Nosotros decimos no, la constitución dice que no, la convección internacional de derechos humanos dice que no, pero por lo menos ahí tenemos una discusión honesta.
Honestamente me hubiera gustado tener un debate con sectores que se autoproclaman neoliberales y que tiene el derecho de hacerlo y estuvo ausente. Lo que hubo fue una sucesión de chicanas, de operaciones, en un contexto donde además estamos hablando de la ley mas discutida, mas debatida, en una ronda de casi 40 foros de discusión en todas las provincias, de los que resultaron 200 modificaciones, hubo audiencias publicas en diputados y salió con 15 modificaciones mas, recién ahí llegó al senado donde hubo otra ronda de audiencia publicas. Además en los dos casos se aprobó por una abrumadora diferencia de votos. Cuando en la década del 90 la privatización de las jubilaciones se aprobó por un voto no escuchamos a ninguno de estos legisladores o periodistas escandalizarse.
Acá lo que se intentó es una defensa corporativa de los intereses que esta ley pone en peligro.