Ley de Radiodifusión.
La dictadura de hoy.

La vigencia de una ley autoritaria genera la imposibilidad de acceso a derechos indispensables del ser humano como lo son la información y el derecho a comunicar..

Por Javier Sánchez
jsanchez@aluviondigital.com

Hace casi treinta años y en plena dictadura, el gobierno militar daba impulso a la todavía vigente Ley 22.285. Esta norma legisla todo lo referente a la radiodifusión en nuestro país dejando en evidencia los intereses que detrás de ella se esconden. Pero bien, ¿que es la Radiodifusión y porque merece un debate urgente? Esa es una pregunta que se intentará develar en este informe.

Si se habla de Radiodifusión, se hace mensión al ejercicio de la libertad de prensa mediante un soporte tecnológico diferente al papel. Este entendimiento del concepto llama a citar nuestra Constitución Nacional, precisamente en su Artículo 32, el cual hace mención a la imposibilidad del Estado a restringir la libertad de expresión de todo ciudadano que habite el suelo argentino. Es destacable que la ley en vigencia no cumple con este cometido ni mucho menos, ya que se promulgó en medio de un gobierno de facto, en el que nuestra Carta Magna no reguló ninguno de los embates teñidos de intereses llevados adelante por los peores gobiernos que nuestra historia registra. Lo que cuesta entender es por qué se demoró tanto en poner las ideas a favor de la democratización del espectro radioeléctrico.

¿Porqué es cuestionable la ley?

El legado de la disposición 22.285 impide que cualquiera de los habitantes del suelo argentino que deseen ejercer su derecho a comunicar mediante un soporte tecnológico (radio, televisión, etc.) puedan concretar su iniciativa. Esto no sólo atenta la iniciativa anteriormente descripta, sino que impide el cumplimiento de un derecho aún más universal, el acceso de todo hombre a estar informado.

Esto es posible porque si se indaga sobre cómo se adjudicaron las licencias de los espacios que debe por ley regular el Estado, se ve que en un primer momento fueron los dueños de medios gráficos y radiales lo que se beneficiaron con la repartija de por ejemplo ondas de Frecuencia Modulada (FM) ya que fueron pensadas como un refuerzo de un medio ya existente y no como una posibilidad de los ciudadanos a obtener el acceso a espacios de oportunidades, y no generar espacios viciados de intereses y amiguismos propios de la concentración de medios que esa Ley generó. Un siguiente paso fue la suspensión de una posible apertura de las frecuencias mediante una revisión de las licencias otorgadas, esta iniciativa emprendida ya en democracia por el gobierno del Dr. Alfonsín quedó sin efecto en su práctica pero se mantuvo en el tiempo anulando el poder de intervención por parte del Estado, lo que garantizó a los dueños de los medios una continuidad en su carrera por llenarse los bolsillos a costa del manejo de la información. Pero lo más importante de lo antes mencionado es la incapacidad ya marcada de los ciudadanos al acceso a licencias que permitan montar un medio de comunicación social cualquiera sea este. En caso de hacerlo, el medio quedaría fuera del marco regulatorio de la ley pasando a engrosar el listado de los medios “clandestinos”, una palabra propia de la época en que la Ley 22.285 tomó impulso.

La necesidad del debate

Si se tiene en cuenta lo antedicho demás está decir que en una época democrática como la que está atravesando Argentina, en donde el desarrollo productivo se ve en crecimiento y la puja de intereses es cada vez más visible, resulta muy necesario el tratamiento de una nueva ley de Radiodifusión que frene los embates interesados de una porción de la sociedad que por ser dueña de los medios informativos masivos parecen querer torcer el rumbo de la democracia deformando la realidad a su gusto y conveniencia.

La realidad muestra que esos intereses se acentúan más y más con el paso del tiempo, y que cada vez son más los argentinos que quedan excluídos no sólo de la posibilidad de informar otra realidad que no sea la que los grandes medios transmiten, sino que se afecta el derecho del ciudadano a estar informado. Esto es posible por la imposibilidad de elegir el medio por el que uno desea ser informado, o en el caso de poder hacerlo es el medio el que se ve limitado en su rango de difusión impidiendo la masividad de su mensaje.

Esta realidad es la que impulsa la necesidad imperiosa, hoy entendida por el Gobierno de nuestra Presidenta, de tratar el tema de las licencias de radiodifusión en el territorio nacional. No es un capricho de quienes opinan diferente a alguno de los sectores con voz, es la iniciativa fundamental para asegurar un derecho universal tan importante como el “DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN”.

LA IMPORTANCIA DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO Y LOS EFECTOS DE LA LEY DE FACTO VIGENTE.

Cada país cuenta con un número de frecuencias que componen lo que se denomina ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, que por reconocimiento internacional corresponden al patrimonio común de la humanidad. Esto quiere decir que en nuestro territorio nacional existen una determinada cantidad de espacios a cubrir por los ciudadanos que deseen hacer uso de las frecuencias que el Estado dispone, y es éste último el encargado de reglar el otorgamiento de las mismas a cualquier persona o tipo de persona jurídica que lo solicitase.

Una vez aclarado cómo es que tendrían que ser otorgadas las licencias según las reglamentaciones internacionales, analizar el caso de nuestro país resulta una contradicción. Desde la implementación de la Ley 22.285 hasta el momento, ese espectro radioeléctrico prometedor de oportunidades a todo ciudadano que desee ejercer el derecho de informar se encuentra vedado. Sólo los grandes multimedios ya conocidos tienen derecho a explotar un medio tan preciado como lo es el de la circulación de la información. Esta realidad profundamente negativa para los intereses de un país que quiere crecer en democracia se gesta desde los principios mismos de la ley de radiodifusión vigente. Sólo los grupos económicos constituídos como sociedades comerciales pueden tener acceso a las frecuencias disponibles en el espectro radioeléctrico, y no extraña que sean estos mismos grupos los que se oponen al debate necesario para cambiar las reglas del juego.

Debate que se plantea como bisagra entre una ley retrógrada que impide la asignación de frecuencias a organizaciones tan importantes como Cooperativas, Fundaciones y Asociaciones Civiles, y una ley que se plantee inclusiva a los sectores que durante tanto tiempo fueron obligados al silencio y que hoy pueden recuperar su voz.