Juicio a los represores.
La lucha contra la impunidad.

Como en todas las batallas de la Argentina, existe un pasado, un presente y un futuro. Los juicios a represores que se están llevando a cabo en la actualidad tienen un sustento dentro de la pelea por justicia y verdad en la gran cruzada del gobierno Nacional por los Derechos Humanos. En este número, la primera parte de la investigación.

Por Oscar Rodríguez (1)
Exclusivo para Aluvión

El Origen. La Doctrina de la Seguridad Nacional.
La doctrina de la Seguridad Nacional, impulsada por EE.UU. para toda Latinoamérica, impuso dictaduras en toda su extensión para combatir al enemigo interno definido como marxista o subversivo. Los ejércitos nacionales se convirtieron en ejércitos de ocupación de su propio territorio, con el objetivo de cumplir con tal misión que se expresó, finalmente, en la persecución implacable de la disidencia para imponer, seguidamente, la más drástica modificación de las relaciones sociales y económicas de que tengamos memoria. Aplicar una traumática transferencia de ingresos a favor de las clases dominantes permitiendo, en definitiva, una increíble acumulación de riqueza a la par que la expulsión fuera del sistema de millones de personas.
En Argentina, el combate al disidente encuentra un feroz y perverso método: la desaparición forzada de personas. Especie de “arquitectura” de la represión que garantizaba, a la par que la definitiva desaparición del “enemigo”, la garantía de impunidad y un mensaje pavoroso que oficiaba de pedagogía tenebrosa para el resto de la sociedad.
Ahora bien, finalizado el proceso de dictadura militar, el incipiente Estado de Derecho da su paso fundacional al enjuiciar a las tres juntas militares en un gesto inédito en el mundo.
La ineludible correlación de fuerzas fue torciendo la pulseada al punto de interrumpir ese proceso de verdad y justicia dando lugar a las leyes de punto final y obediencia debida. Posteriormente, siguieron los indultos.
Ahora bien, con la nulidad de aquellas leyes y la declaración de inconstitucionalidad de los indultos se reabre en la Argentina la posibilidad de verdad y justicia interrumpida.

¿Qué significan los juicios a 30 años de los hechos investigados?
Siguen significando, sustancialmente, el juicio a un poder que nunca había reconocido la posibilidad de ser juzgado. Aún cuando ya no representen el poder en su cara actualizada son, sin embargo, parte del mismo; son los que posibilitaron la presencia de los actuales poderes. En todo caso son los socios de ahora. Definitivamente, el poder actual se reconoce, de algún modo, en aquellos poderosos antecesores y, sustancialmente, se identifican en la posibilidad de que, alguna vez, puedan ser ellos también los que desfilen ante un tribunal de la República.
Por nuestra parte, se impone una reflexión elemental que reconoce su origen en, por lo menos, veinti tantos años atrás, desde que se define como una “claudicación ética inaceptable para un Estado de Derecho” a la ley de auto-amnistía, dictada por la dictadura cívico militar antes de retirarse, hasta el presente en que se vuelve a la posibilidad cierta del juzgamiento, que pasó para que ahora ya no sea –según algunos sectores sociales y políticos- una claudicación ética inaceptable dejar de juzgar aquellas atrocidades.
Se tratará de una vieja historia. Caducarán las atrocidades. Es decir, la desaparición forzada de personas, el asesinato, la privación ilegal de la libertad y la tortura, el robo de bebés.
Claramente, los juicios representan el origen de los derechos humanos en la Argentina. Hoy también lo son el hambre y la exclusión. Hay que perseguir una justicia integral.
Sucede que pretendemos que, mientras algunos nos empeñamos en cumplir con el anhelo de verdad y justicia y seguimos consecuentes en pensar que es todavía una claudicación ética abandonar la lucha, pretendemos, decía, que otros sigan en la misma línea reivindicando los nuevos derechos conculcados. No se trata de oposición, sino de continuidad.
Entendemos claramente que el interés hegemónico beneficiado a partir del terrorismo de estado no ve con buenos ojos el juzgamiento de los responsables. Y esto es así porque tal cosa significa socialmente un modo de conocer la verdad, hacer consiente los alcances de la metodología represiva aplicada y relacionar ésta con los beneficios obtenidos, lo que procura mantener en la mayor penumbra posible. He aquí la gran conexión del pasado con el presente.
Sabemos que también significa que, si no completamos este ciclo de justicia, a ninguna justicia más podemos aspirar.
Se trata, aún hoy y definitivamente, de juicios contra el poder. Contra la concepción capitalista del uso de la fuerza para dirimir los conflictos del reparto de la riqueza.
Evitar el castigo legal al terrorismo de estado como una de las máximas expresiones de la violencia organizada, caracterizado como la puesta al servicio del exterminio y la desaparición forzada, abre una brecha de legitimación a otras formas de represión menos severas, dificulta la transformación de las estructuras ideológicamente autoritarias de las FF.AA. y policiales y facilita, en definitiva, los excesos represivos del Estado.
¿Cómo se inculca al funcionario con responsabilidad política que una represión de menor cuantía no es admisible?
Por todo ello: sostener los juicios es confrontar con dicho poder y asumir conscientemente las dificultades que ello genera y el desarrollo de estrategias adecuadas para tal sostenimiento. Luchar contra la impunidad en estos procesos es mantener la denuncia contra el rostro violento del capitalismo global y doméstico.

(1)Prosecretario Jurídico de la Asamblea Permanente por los DDHH. Abogado querellante en los juicios a Christian Federico Von Wernich y Miguel Osvaldo Etchecolatz