Juicios por la Verdad.
Diez años de reparación histórica.

Las políticas neoliberales de indulto a los principales responsables del Genocidio Estatal durante la última dictadura militar generaron que nuevos actores sociales tomen las riendas de los Derechos Humanos. Esta búsqueda de reparación histórica, desde hace poco tiempo, es recompensada por el compromiso de una clase dirigente dispuesta a hacer justicia.

Por Javier Sánchez.

jsanchez@aluviondigital.com

No hace muchos años atrás, el país comenzó a transitar el tan ansiado proceso de reparación a las víctimas del accionar más oscuro por parte del Estado que nuestra historia recuerde. Desde ALUVIÓN, ya se han mencionado los últimos procesos penales llevados adelante en nuestro país en materia de Derechos Humanos, pero poco se ha dicho sobre los movimientos cuyas investigaciones posibilitan el enjuiciamiento de verdaderos asesinos alguna vez disfrazados de verde.
Uno de los actores más importantes en la provincia de Buenos Aires es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata. Esta A.P.D.H. procura proporcionar a las víctimas una oportunidad para obtener reparación con respecto a las torturas sufridas durante la dictadura vivida entre 1976 y 1983. Para cumplir este objetivo, en 1998, la Asamblea promovió la iniciación de los llamados Juicios por la Verdad ante la Cámara Federal de La Plata. Estos procesos no pretenden la persecución penal, sino que están dirigidos a conocer la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el período referenciado. Hasta el momento, se cuenta con aproximadamente 2.500 expedientes, uno por cada víctima de la jurisdicción, incluyendo los casos de tortura. La Asamblea es parte en cada una de estas causas e interviene en la totalidad de las audiencias orales, procurando la satisfacción del derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre los mecanismos que permitieron su secuestro y tortura. Por otra parte, se ha constituido como parte querellante en representación de las víctimas en aquellas causas penales promovidas luego de la anulación de las normas de impunidad, por múltiples delitos cometidos contra ellas, incluyendo la tortura.
Es así que en el año 2004, se produce el primer juicio oral, ante el tribunal Oral Nº 1 de la ciudad de La Plata. En este juicio, se condenó a reclusión perpetua al comisario Miguel Etchecolatz y al médico de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Dr. Jorge Berges, en el marco de la causa que investiga la supresión de identidad de Carmen Sanz, quien nació durante el cautiverio de su mamá Aída Cecilia Sanz Fernández, en el Centro Clandestino de Detención conocido como pozo de Banfield.
En el año 2006, se llevó a cabo el juicio oral contra Miguel Ángel Etchecolatz por su participación durante el terrorismo de Estado a cargo de la Dirección de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires. En este caso, se le imputó los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio calificado y se lo condenó a reclusión perpetua.
Durante el año 2007, se llevó adelante el juicio oral contra el Capellán de la Policía de la provincia de Buenos Aires, sacerdote Cristian Von Wernich, condenándolo a la pena de reclusión perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio y aplicación de tormentos.

Nuevas causas.
Hoy en día, la A.D.P.H La Plata se plantea como desafío llegar a nuevos juicios orales por los diferentes Centros Clandestinos de Detención que se investigan tanto en el Juicio por la Verdad, como en las causas penales. En el transcurso de este año y principios de 2009, se esperan concretamente dos oportunidades: el juicio oral por la Comisaría 5ta y por la Unidad Penitenciaria Nº 9.
En ambos casos, los elementos de prueba necesarios para citar a indagatoria y posterior detención de los represores imputados han sido presentados ante la Justicia, encontrándose en período de análisis por parte de los magistrados competentes. Los que esperan ser indagados son el ex jefe del Destacamento de Arana, Miguel Kearney, y el ex prefecto de la Unidad 9, Abel Dupuy.
En tanto se espera una resolución favorable, se pueden seguir los estados de las causas en los medios con los que la Asamblea cuenta para la difusión de novedades en materia de Derechos Humanos. Uno es el espacio en Radio Universidad FM 107.5 “Tengo Derecho”, que se emite todos los sábados de 13 a 14 hs. Otra opción es ingresar en la publicación digital “Espacio Abierto” (http://www.apdhlaplata.org.ar/espacio.html), en la que especialistas en Derechos Humanos brindan detalles de los aconteceres en la materia.

La consagración de la impunidad como detonante del compromiso cívico

Hay momentos de la historia que requieren del compromiso de las Organizaciones Civiles para suplir las necesidades que el Estado no garantiza a los ciudadanos. Esto es lo que pensaban quienes conformaban la A.P.D.H. La Plata a mediados de los años `90.
Quizá para entender correctamente el por qué, sea necesario hacer un pequeño reconto de los principales sucesos que llevaron a un grupo de militantes comprometidos a tomar cartas en el asunto de la reparación histórica a las víctimas del genocidio.
A partir del 24 de diciembre de 1986, la democracia argentina pareció torcer su rumbo y volverse a favor de quienes poco tiempo antes habían sido enjuiciados en un proceso ejemplar y renombrado en todos los rincones del planeta: se sancionó la ley de Punto Final que ponía plazos a las presentaciones de las querellas y, por ende, luego de cumplirse ese plazo, ningún militar vinculado a la última dictadura podía ser enjuiciado. Alfonsín daba una muestra de debilidad absoluta y ponía en evidencia la fragilidad democrática de entonces.
Los organismos de Derechos Humanos junto a un grupo de fiscales atestaron los juzgados con denuncias. A raíz de ello, un grupo de militares encabezados por Aldo Rico se levantaron una vez más contra el gobierno constitucional. Fue en la Semana Santa de 1987. Los militares depusieron sus armas luego de que el presidente Alfonsín sumara una nueva y bochornosa claudicación: la ley 23.521, conocida como Ley de Obediencia Debida. Esta norma sostenía que los cuadros de menor rango de las Fuerzas Armadas y de Seguridad cometieron delitos por haber obedecido órdenes y que por eso no eran punibles.
Los próximos pasos los daría Carlos Saúl Menem, quien se encargaría de terminar de moldear el altar de la impunidad hasta el punto tal de liberar el 28 de diciembre de 1990 a los máximos responsables del genocidio ya condenados en 1985. Fue mediante ese decreto de indulto, N° 2741/90, que volvieron a sus casas los integrantes de las juntas militares Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola y Armando Lambruschini; y los jefes de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Ramón Juan Alberto Camps y Ovidio Pablo Riccheri.
Es en este contexto y en presencia de un Estado totalmente ausente en materia de Derechos Humanos y dedicado a la consagración de la impunidad, que la A.P.D.H. La Plata decide, a partir de abril de 1998, tomar cartas en el asunto y comenzar a indagar sobre lo ocurrido en el periodo 1976 – 1983. Recién luego de 6 años de investigación los frutos del esfuerzo se verían reflejados.